Análisis lógico de las instrucciones y autoacordado que funda su ineficacia

“En el estudio de la verdad se pueden establecer tres objetivos: uno, descubrirla cuando se la busca; otro, demostrarla cuando se la posee, y el último, separarla de lo falso cuando se la examina". Pascal

De mi mayor consideración:

1) Que atendido el hecho que próximamente serán analizados por el Pleno de esta Excma. Corte los antecedentes Rol 1289-2008, y que la Facultad de Derecho de la Universidad de Aconcagua cumple con todas las exigencias contenidas en el instructivo de fecha 2 de abril pasado y en el autoacordado de fecha 9 de mayo pasado, vengo en efectuar las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que solicito, respetuosamente, sean tenidas presentes al resolver:

2) Que “los acuerdos adoptados por esta Corte” (son análogos a) “las resoluciones judiciales que se pronuncian sobre el alcance o sentido de una normativa”, es decir, tendrían un carácter interpretativo; y que, siendo ese su carácter, es preciso consignar que Interpretar la ley consiste en determinar el alcance o sentido de la norma jurídica frente a situaciones jurídicas concretas en que dicha ley deba aplicarse; correspondiéndole la interpretación judicial al juez, en la sentencia, cuando interpreta la ley para aplicarla a los hechos del juicio. La interpretación, por ende, está incluida la aplicación de la ley. En el caso de los autoacordados existe una integración de la ley.

LOS HECHOS:

A) Con fecha 2 de abril de 2008 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó un Instructivo denominado “Instrucciones para la Tramitación del Expediente sobre Juramento de Abogados”.

I.- Las Medidas adoptadas:

En el mismo se dispuso una serie de medidas que deberá adoptar la Oficina de Títulos dela Corte Suprema en la tramitación del expediente para el otorgamiento del diploma respectivo. En lo pertinente, son:

“2.- Si el postulante hubiese obtenido el grado de licenciado otorgado por una universidad, convalidando asignaturas aprobadas por otra casa de estudios, deberá acompañar las certificaciones de convalidación de la primera y de haber aprobado los ramos convalidados en la otra universidad, sin perjuicio de hacerse el requerimiento por este Tribunal. (…) “

 “4.- Cada vez que se produzca la situación de convalidación señalada en el Nº2 precedente, se pedirá a las universidades involucradas  el respectivo reglamento para la obtención del grado de licenciado o toda regulación especial acerca de la convalidación de ramos.”

 “6.- En caso de duda, acerca del cumplimiento de los requisitos anotados, decidirá el Tribunal Pleno”.

  II. Las medidas adoptadas se encontrarían aparentemente justificadas, por la conclusión a la que se arribó en el propio instructivo.  En efecto:

(P1).- La primera premisa se basa en el concepto de abogado que otorga la ley: “los abogados son personas, revestidas por autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes” (art. 520 C.O.T.).

(P2).- La segunda premisa señala: “Este  Derecho a Defensa” se halla a su vez consagrado constitucionalmente en la CPR en el Nº3 del art.19”,

(C):  La Conclusión es que “POR LO QUE ES UN DEBER DE ESTA CORTE SUPREMA, en aras de verificar la idoneidad profesional de los postulantes a abogado, el que éstos tengan la Calificación Profesional para el ejercicio de esta importante función”

 Análisis formal:

1) en primer lugar, la oración que contiene la conclusión está incompleta. En definitiva, no señala cuál sería el Deber de la Corte Suprema, en relación a los postulantes a abogados o, al menos, no lo hace claramente, privando a los afectados de confrontar la oración.  Pareciera ser que lo que el instructivo quiere decir es que la Corte Suprema tendría el deber de “verificar la idoneidad profesional de los postulantes” o “verificar que éstos (los postulantes a abogados) tengan la calificación profesional  (necesaria?) para el ejercicio de esta importante función (de la abogacía?; de la facultad de defensa; del derecho a defensa?). 

2) en segundo lugar, a objeto de justificar la especial argumentación anterior, el instructivo señala a continuación: “Que esta EXIGENCIA se encuentra a su vez, contenida en el art.31 de la LOC de Enseñanza al prescribir que: “el grado de licenciado es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confiere una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional”.

           Esta “Exigencia”, de acuerdo a las normas que gobiernan la gramática y la lógica, pareciera estar referida a la última idea expresada en el párrafo inmediatamente anterior, es decir, a la supuesta “exigencia” de que los postulantes a abogado (o sea, licenciados en ciencias jurídicas) deben tener “la calificación profesional para el ejercicio de (la) importante función (¿?)”, o “idoneidad profesional” que debería verificar la Corte Suprema.

2.1.- Cabe hacer notar que en el instructivo se incurre en un importante error, toda vez que el concepto (término) que nos ofrece de “licenciado” no corresponde al concepto legal.

           Antes de aclarar y rectificar el error en el que se ha incurrido, es justo, en homenaje a la buena fe, hacer y contestar la siguiente pregunta: ¿podría estar refiriéndose el instructivo a un concepto (término) distinto de “licenciado” y señalarse que no era la intención referirse a “licenciado” sino que se quiso colocar otra palabra y que sólo se cometió un error tipográfico?. Estimo categóricamente que ello no es posible, pues según se ha venido argumentando, reiteradamente, en el propio instructivo, quienes deben cumplir con la “exigencia” de “idoneidad profesional” son los postulantes a abogado (esto es, los licenciados en ciencias jurídicas), así es que el error no está en el concepto empleado, sino que en la definición.

2.2.- Ahora si, concluido lógicamente lo anterior, cabe consignar que el error consiste en que la definición transcrita en el instructivo es la de título profesional, y no la de Licenciado.

           Efectivamente, licenciado “es el grado que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada”.

           Por su parte, el título profesional “es el que se otorga a un egresado de un instituto o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general científica necesaria para un adecuado desempeño profesional”.

             La norma supone que “al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada se le otorga el grado de licenciado” (debe otorgársele). Debiendo la Corte Suprema limitarse a constatar que el postulante a abogado  “tenga el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas otorgado por una Universidad, en conformidad a la Ley”. (art. 523 Nº2 C.O.T.), pudiendo, a juicio del suscrito, en cumplimiento a su facultad para comprobar la concurrencia de los requisitos para ser abogado, verificar, simplemente, que el alumno ha aprobado un programa de estudios de la universidad que le otorga el grado de licenciado.

 3) Ahora bien, si se quiere hacer el ejercicio mental que el error está en la definición empleada y no en es el concepto (término) de Título Profesional, donde se afirma la construcción de la “exigencia” señalada en el instructivo (y que funda las bases para la creación de nuevos requisitos para obtener el título de abogado y la adopción de las medidas adoptadas),  entonces se estaría vulnerado, claramente, el sentido natural y obvio de la norma citada, toda vez que “(lo que) confiere (al egresado) una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional”, como dispone el art.31 en su inc.9 “(es) la aprobación del programa de estudios” y no la verificación por parte dela C.S. de elementos extraños, no contenidos en la ley ni demostrables mediante la aplicación de una simple operación lógica.

Análisis Lógico:

El razonamiento (argumento) del instructivo es erróneo (no válido), toda vez que, no obstante las premisas ser verdaderas, la conclusión es falsa.

Desde una perspectiva estrictamente lógica, la segunda de las premisas constituye una falacia de ambiguedad del tipo equívoco, toda vez que en este razonamiento se ha empleado la palabra “Defensa” en dos sentidos diferentes. En uno se toma como “la facultad de los abogados” y en otro como “Derecho” garantizado constitucionalmente.

Ahora bien, a pesar que una lectura superficial podría inducirnos a pensar que estamos leyendo un razonamiento por la presencia del 'indicador de conclusión' ("por lo que"), no lo es. No hay un razonamiento válido. Dicho de otro modo, sólo existe un razonamiento (argumento) aparente. Hay una indicación, es decir una *orden*, y "por lo tanto" funciona como un imperativo (equivalente a "yo digo que lo haga...").

Para que halla razonamiento hay que ver a la premisa (o a las premisas) como aportando pruebas para fundar la conclusión. En la explicación (como la anterior), se afirma 'p', se afirma 'q' y se afirma que ambas están conectadas. ¡Podrían no estarlo! pero yo digo que sí...(el autoacordado) y no se hable más del asunto. La Conclusión es inatinente, pues el razonamiento es usado para probar una conclusión que no tiene nada que ver con lo que se estableció previamente. Algo que puede estar fuera de duda es  que “el Derecho a Defensa está garantizado constitucionalmente” (igual que el derecho a la salud o a la educación”, pero no tiene relación directa con lo que se establece en la conclusión: “QUE ES UN DEBER DE ESTA CORTE SUPREMA, en aras de verificar la idoneidad profesional de los postulantes a abogado, el que éstos tengan la Calificación Profesional para el ejercicio de esta importante función”.

 Lo que hay es un salto desde las premisas a la conclusión y en lógica ningún salto está justificado, por cuanto, deducir consiste en extraer desde las premisas una conclusión que ya estaba ahí. En el razonamiento (argumento) en análisis, la conclusión no recibe respaldo desde la verdad de las premisas.

III.- El razonamiento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es usado para probar una conclusión diferente.

            Se señala en el instructivo que “El Tribunal Pleno de esta Corte ha tomado conocimiento de la preocupación existente en relación a la forma cómo se controla el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, para el otorgamiento del título de abogado, a los Licenciados en Ciencias Jurídicas que postulan a dicho diploma, en especial a la condición prevista en el Nº2 del artículo 523 del COT.”. Dicho conocimiento se habría tomado en los antecedentes Ad 1084-2007.                       

Agrega que: “Esta preocupación dice relación con:

la multiplicidad de Facultades de Derecho existentes en el país;

 - el número creciente de licenciados que postulan al título de abogado y

 - a las exigencias diferentes que adopta cada universidad para dar por cumplido la obtención del grado de licenciado, en especial, a la forma de convalidar las asignaturas del programa de estudios”.

            Lo anterior es análogo a decir que en un juicio, el fiscal trata de probar la culpabilidad del acusado de asesinato de un niño, pero no a través de pruebas, sino tratando de explicar lo horrible de la muerte de un hijo. De esta manera se tratara de despertar un estado emocional en la contraparte, para que se lo culpe por el horror del crimen (en este caso por la forma de convalidar asignaturas), y no por si es realmente culpable (en este caso ilegal).

             No hay duda que los motivos invocados son arbitrarios y las conclusiones que de ellos se han extraído son meras conjeturas y no razonamientos válidos.

B)  El Autoacordado de fecha 9 de mayo de 2008:

a) dice que el art.521 del COT  señala que “el título de abogado lo otorga la C.S., previa comprobación y declaración de que el candidato reúne los requisitos establecidos por los artículos 523 y 526;  Debiendo, POR LO TANTO, VERIFICAR, entre otras exigencias, que el postulante tenga el grado de licenciado en ciencias jurídicas otorgado por una universidad, conforme a la ley.” (Premisa 1)

b) agrega que “el art.35, inc.5 de la LOC señala que “el otorgamiento del título profesional de abogado corresponde a la C.S. en conformidad a la ley” (Premisa 2)  y que,

c) más adelante la norma define el grado de licenciado. (Premisa 3) (cabe hacer presente que la norma es el art.31 y no el 35)

Concluye:  “3º que como muchos postulantes aparecen como licenciados en una universidad en que no cursaron todos sus estudios, la Corte Suprema debe verificar el cumplimiento de los requisitos explicitados, LO QUE EN LA ESPECIE SIGNIFICA:

(Conclusiones 1, 2 y 3):

(1) COMPROBAR:

-“QUE HA EXISTIDO CONVALIDACION DE RAMOS ENTRE UNA UNIVERSIDAD Y OTRA”,

-“Y QUE SE TRATA DE UN ALUMNO EGRESADO DE AQUELLA QUE LE OTORGA EL GRADO”.

(2) “POR OTRA PARTE, TAMBIÉN SE DEBE VERIFICAR”:

             -“QUE LA CONVALIDACIÓN SE HAYA REALIZADO EN CONFORMIDAD A LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE SOBRE DICHA MATERIA EN LA CASA DE ESTUDIOS RESPECTIVA”, Y

(3)  (Verificar),

            -“Además QUE HAYA COMPLETADO LA MALLA CURRICULAR EXIGIDA POR LA SEGUNDA  UNIVERSIDAD”,

(Condición Necesaria):

* “PARA LO CUAL RESULTA INDISPENSABLE QUE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS QUE OTORGA EL GRADO IMPARTA EFECTIVAMENTE LOS RAMOS QUE SE CONVALIDAN”.  (Dato)

 e) agregando : “4º Que lo anterior es la única forma como la C.S. puede cumplir el mandato legal de verificar la concurrencia de las exigencias legales necesarias para otorgar el título de abogado”.

Análisis Formal:

La conclusión analizada y que aparece como un nuevo requisito para jurar como abogado, es verdadera sólo para el caso que las asignaturas ("ramos") (de la malla curricular de la universidad nueva) se hayan aprobado por haberse cursado o se hayan aprobado por un examen de conocimientos relevantes (ya que en estos casos es lógico que materialmente se requiere la presencia de docentes que hayan impartido la asignatura o que haya tomado el examen de conocimientos relevantes). De otro modo la conclusión no resulta lógica y no se compadece con lo que la LOC dispone para las convalidaciones, en que basta que las asignaturas convalidadas estén contenidas en el respectivo plan de estudios.

Análisis Lógico del razonamiento:

En definitiva, la pretendida relación de condicionalidad necesaria entre la Conclusión Nº3 y el Dato, no es tal.

Las tres premisas son verdaderas, no obstante la conclusión, pese a no ser sólida, es aceptada como razonable.

Algo que puede estar fuera de duda es “que a la Corte Suprema le corresponde otorgar el título profesional de abogado previa comprobación de los requisitos….”, y que se concluya que “la única forma como la Corte Suprema puede cumplir el mandato legal de verificar (el requisito relativo al otorgamiento de Licenciado en Ciencias Jurídicas) es verificando que (los licenciados) hayan completado la malla curricular exigida por la segunda universidad” (aunque discutible, suena razonable), pero que para que ello ocurra “(sea) indispensable que la facultad de ciencias jurídicas (…) imparta efectivamente los ramos que convalida” es una mera conjetura.

La última conclusión que “lo anterior es la única forma….”

pero la conclusión que “Resulta indispensable que la facultad de ciencias jurídicas que otorga el grado imparta efectivamente los ramos que se convalidan” no tiene relación directa con lo que se estableció previamente.

“Para que esté presente un razonamiento, de una de las proposiciones afirmadas debe sostenerse que se desprende de otras proposiciones que se afirman como verdaderas, las cuales son presentadas como fundamentos o razones para creer en la conclusión. Esta afirmación puede ser explícita o implícita. Se la puede hacer explícita mediante el uso de indicadores de premisas o indicadores de conclusiones, o por la presencia de palabras tales como "debe", "debería", o "necesariamente" en la conclusión. Pero la presencia de esos indicadores de razonamiento no siempre es decisiva".

Todo lo anterior dice relación con la parte considerativa del autoacordado.

En la parte resolutiva se acuerda: (equivalente a las peticiones concretas)

1.- Que los postulantes a abogados (Licenciados en Ciencias Jurídicas) deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en las instrucciones impartidas (…), con fecha 2 de abril último, Instrucciones que se aplican tanto a los postulantes nuevos como a aquellos que tenían su expediente ingresado con anterioridad a dicha data, pero que no han jurado como abogados a la fecha;

2.- Que los postulantes que obtengan el grado de Licenciado de una Universidad,

deberán necesariamente ser alumnos egresados de la misma.

a) PARA ELLO (para ser egresados) DEBERÁN HABER CURSADO, A LO MENOS, EL ÚLTIMO SEMESTRE DE ESTUDIOS EN DICHA UNIVERSIDAD,

sin perjuicio de las convalidaciones de ramos cursados en otro, acreditadas en la forma que señala en instructivo mencionado.

*(La forma es que “el postulante deberá acompañar los certificados de convalidación de la (universidad que le otorgó el grado de licenciado) y certificado de haber aprobado los ramos convalidados en la otra universidad (…)”)

b)  En todo caso, la Universidad de egreso DEBE NECESARIAMENTE tener vigente eimpartir efectivamente todas las asignaturas que son objeto de la convalidación.

Análisis formal:

La Corte no está verificando el requisito de ser Licenciado, está interviniendo la forma en que una universidad, autónoma, realiza el proceso de egreso de sus alumnos.

En “a)” se establece el imperativo (supuestamente justificado como condición necesaria) que “para ser egresados se deberán haber cursado, a lo menos, el último semestre de estudios en dicha universidad”. (Eso no está en la ley y en ninguna parte).

 En “b)” se establece la orden que la Universidad de egreso debe necesariamente tener vigente e impartir efectivamente todas las asignaturas que son objeto de la convalidación”. (esto ya fue analizado y no corresponde a un razonamiento válido).

Análisis Lógico:

Tanto “a)” como “b)” aparecen como aparentes condiciones necesarias para que se de “2.-“, sin embargo, no existe la pretendida relación entre las dos proposiciones y la conclusión.

En definitiva, se enumeran ciertas precisiones, hasta llegar a lo que se dispone (resuelve), y la fuerza ilocicionaria de cada considerando es tal, que no cabe duda que se están sacando conclusiones provisionales. De modo que, la expresión "la única forma de comola C. S. (…)" sigue siendo sostenida como condición necesaria, pero no hay un razonamiento lógico extraído de las premisas anteriores.

IV.- En conclusión y en armonía con lo dispuesto en la L.O.C., lo único que le podría corresponder verificar a la C.S. es la comprobación que el postulante ha obtenido el grado de licenciado en ciencias jurídicas por parte de la universidad de egreso, que ese grado lo ha obtenido por aprobar el plan de estudios de la universidad que le otorgó el grado y, en el caso que haya existido aprobación de asignaturas de la malla curricular, por convalidación, homologación o por exámenes de conocimientos relevantes, que ello se encuentre ajustado al reglamento interno de la universidad, que lo regula, para lo cual basta adjuntar o solicitar una copia del mismo. Otras exigencias aparecen como arbitrarias e ilegales, sin perjuicio que agregar nuevos requisitos a los de la LOC de Enseñanza por vía de un auto acordado parece ser abiertamente inconstitucional.

No otorgar el título profesional a quien figura como egresado de una universidad en que no completó todos sus estudios, pero en que completó la malla curricular por tener aprobado el plan de estudios por convalidación, homologación, examen de conocimiento relevantes, por que la Facultad no imparta efectivamente todos los ramos que convalida es sencillamente arbitrario y desde una perspectiva lógica constituye un razonamiento erróneo, basado en premisas verdaderas, pero cuya conclusión es falsa. Más aún, en el caso de la Universidad de Aconcagua que ha impartido efectivamente la malla curricular entre el segundo semestre del año 2006 y el año 2007. Ahora bien, una conclusión en la resolución judicial que dijera que es necesaria una antigüedad de, al menos 5 años para la Facultas de Derecho, no resistiría el menor análisis lógico.

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